CIUDAD DE MÉXICO. — Con el objetivo de prevenir accidentes y reducir las afectaciones viales, el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de ley para obligar a autoridades y concesionarios a informar de manera anticipada sobre cualquier obra o reparación en caminos y puentes de jurisdicción federal.
La propuesta busca reformar el artículo 23 y adicionar los artículos 23 Bis, 23 Ter, 32 Bis y 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, además de modificar el artículo 12 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Información clara y rutas alternativas para automovilistas
De ser aprobada, las autoridades competentes y las empresas concesionarias deberán notificar previamente a la ciudadanía sobre todo trabajo programado de construcción, reconstrucción, conservación o mantenimiento que altere el flujo vehicular.
Los avisos deberán difundirse a través de un portal electrónico oficial y un repositorio de datos abiertos administrado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además de contar con señalización física preventiva en la zona con suficiente tiempo de antelación.
Cada notificación pública deberá incluir de manera obligatoria:
Ubicación exacta: Tramo y carriles o sentidos afectados.
Detalles de la obra: Tipo de trabajos y responsable a cargo.
Cronograma: Fechas y horarios estimados de inicio y conclusión.
Medidas preventivas: Límite de velocidad máxima temporal y rutas alternas disponibles.
Transparencia: Medios de contacto y un folio de actualización.
Protocolo para trabajos de urgencia
Para los casos en que deban realizarse reparaciones de emergencia no programadas, la iniciativa establece que la autoridad o concesionario estará obligado a colocar de inmediato la señalización temporal y los dispositivos de seguridad correspondientes, así como emitir el aviso público a través de los medios disponibles tan pronto como sea posible.
Con estas modificaciones, se busca garantizar el derecho a la movilidad segura, eficiente y transparente en las vías de comunicación de todo el país.
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