La diputada Vanessa López Carrillo (PT) propuso reformar los artículos 383 y 385 del Código Penal Federal, para incluir entre los delitos considerados como abuso de confianza a quien disponga de fondos, dinero o tarjetas de pensiones y apoyos sociales sin permiso de la persona titular.
Establece que será abuso de confianza a quien, siendo depositario, custodio, auxiliar o encargado de la tarjeta bancaria, medio electrónico, credencial o cualquier instrumento de pago mediante el cual se perciban los ingresos de pensiones, apoyos económicos o beneficios de programas sociales del Estado, disponga para sí o para un tercero de los fondos o del dinero en efectivo sin consentimiento de su titular.
Las penas previstas para los delitos de abuso de confianza (que van de seis meses a seis años de prisión y multa hasta de cien veces el salario) se aumentarán hasta en una tercera parte cuando la conducta se cometa en perjuicio de una persona adulta mayor, de una persona con discapacidad, o cuando entre el sujeto activo y la víctima exista relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, cohabitación, custodia, subordinación, cuidado o notoria confianza.
En los artículos transitorios señala que las instituciones de procuración de justicia y el Banco del Bienestar implementarán protocolos accesibles de orientación, recepción y canalización de reportes o denuncias ciudadanas, relacionadas con la retención ilícita o despojo de tarjetas de los programas sociales.
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