Avalan reformas para castigar la huida del lugar de los hechos en accidentes

Fueron avaladas reformas a los artículos 316 y 318 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas para castigar con mayor severidad la huida del lugar de los hechos en accidentes de tránsito, estableciendo agravantes para quienes abandonen a las víctimas o intenten evadir las investigaciones correspondientes.

En reunión de comisiones se aprobó dictaminar, de manera conjunta, dos iniciativas promovidas por las diputadas Lucero Deosdady Martínez López y Úrsula Patricia Salazar Mojica, ambas encaminadas a fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad vial y la protección de las personas afectadas por accidentes de tránsito.

Durante su intervención, el diputado Marcelo Abundiz Ramírez destacó que las propuestas se encuentran alineadas con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042, particularmente en lo relativo al fortalecimiento de las sanciones para conductas que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas usuarias de las vialidades.

"La seguridad vial también implica responsabilidad. Por ello, fortalecemos el marco legal para que quienes intenten evadir las consecuencias de sus actos enfrenten sanciones acordes con la gravedad de su conducta", señaló.

Entre los principales cambios aprobados se encuentra el incremento de hasta una mitad de las penas aplicables cuando, tras la comisión de un delito relacionado con el tránsito de vehículos, la persona responsable abandone el lugar de los hechos, se sustraiga de la acción de la autoridad o pretenda evadir la práctica de exámenes para determinar su estado de ebriedad, intoxicación o consumo de sustancias.

Asimismo, en el análisis legislativo se precisó que algunos de los planteamientos contenidos en las iniciativas ya se encuentran previstos en la legislación vigente, por lo que se realizaron los ajustes correspondientes para evitar duplicidades normativas.

Con el respaldo de la opinión favorable del Poder Judicial del Estado, las reformas fueron aprobadas para su dictaminación y posterior envío al Pleno para su análisis y, en su caso, aprobación.