
El Ejecutivo también modifica el sistema de copago farmacéutico para proteger a las rentas medias y bajas y destina más de 1.170 millones de euros a la Formación Profesional para trabajadores y programas de apoyo educativo.
La Moncloa, Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes, para su tramitación parlamentaria, el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma deroga expresamente la Ley de 15/1997, que permitió la entrada generalizada de la gestión privada en la sanidad pública mediante diferentes modalidades.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que la futura ley señala "algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, transparencia, control democrático y prioridad del interés general".
La norma consagra la gestión directa como el pilar fundamental del SNS. Esto significa, según ha apuntado la ministra, que "los centros y servicios sanitarios deberán gestionarse preferentemente por las administraciones sanitarias competentes, por entidades del sector público o por consorcios públicos".
La gestión indirecta de servicios sanitarios pasa a tener un carácter excepcional. A partir de ahora, para recurrir a ella, una administración deberá justificar de forma objetiva que no tiene capacidad para prestar directamente el servicio, acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente y garantizar la calidad, continuidad, accesibilidad y equidad en la atención sanitaria. "Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitres y grandes grupos privados. Se acabó ese modelo que ha permitido la parasitación de la sanidad pública para el negocio de unos pocos", ha recalcado Mónica García.
La ley introduce nuevas garantías de evaluación, transparencia y rendición de cuentas. Antes de acudir a una fórmula de gestión indirecta, se crearán órganos colegiados integrados por expertos, profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes, que harán una evaluación previa y emitirán un informe indicando si la fórmula de gestión indirecta se ajusta a lo establecido en la ley. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará directrices comunes para que estos informes se elaboren con criterios homogéneos en todo el territorio.
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