El Pleno del Senado de la República invitó a los titulares del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua y de la Fiscalía General de esa entidad, para reunirse el 28 de abril, a las 11 horas, con integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, a fin de que proporcionen información relacionada con los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad estadounidense.
La Asamblea aprobó en votación económica este dictamen con punto de acuerdo, para que la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el fiscal César Gustavo Jáuregui Moreno, también informen sobre elementos que permitan conocer las circunstancias en que ocurrieron dichos acontecimientos, así como el estado que guardan las investigaciones correspondientes.
El documento solicita además que, de manera previa a esa reunión, los funcionarios remitan a la Cámara de Senadores un reporte pormenorizado y documental que contenga la cronología completa de los hechos, las autoridades participantes, las comunicaciones sostenidas con autoridades federales y cualquier actuación realizada.
Previo a la aprobación del punto de acuerdo, senadoras y senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida en el estado de Chihuahua el pasado 20 de abril: los agentes estadounidenses Richard Leiter Johnston y John Dudley Black; así como los agentes de investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que existe presunción de responsabilidad política y jurídica en el gobierno de Chihuahua, pues en caso de que se haya dado presencia, coordinación o comunicación con agentes extranjeros, sin aviso, autorización o documentación suficiente de parte de la Federación, la gobernadora y la cadena de mando estatal serían responsables por omisión, aquiescencia o falta de coordinación con la Federación.
Este punto de acuerdo -explicó-, no significa sanción alguna, si la invitación es declinada no prejuzga ninguna culpabilidad penal. “Lo que sí tiene -agregó-, es que el Senado activará su mecanismo de control político de rendición de cuentas y esclarecimiento documental, plenamente razonable frente a hechos de posible relevancia constitucional y de seguridad nacional”.
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