El “Plan B” recibió 87 votos a favor y 41 votos en contra; grupos parlamentarios fijan postura en torno al proyecto.
La Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.
El dictamen fue avalado en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra, por lo que reunió la mayoría calificada que se requiere para la aprobación de una reforma constitucional.
En lo particular, la Asamblea aceptó una reserva que presentó la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, para suprimir los cambios al artículo 35 sobre la revocación de mandato, por lo que esta figura se mantiene en los términos vigentes de la Constitución Política.
Sánchez García argumentó que su Grupo Parlamentario respalda el proyecto de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al igual que el fortalecimiento de la participación del pueblo; sin embargo, sostuvo que la revocación de mandato y las elecciones son mecanismos con propósitos distintos que, de mezclarse en un mismo proceso electoral, “se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático”.
Además, senadores de los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano presentaron diversas propuestas para modificar el dictamen, pero no fueron aceptadas por el Pleno del Senado, por lo que los artículos 115, 116 y 134 fueron avalados, con 87 votos a favor y 41 en contra en los términos del dictamen; el documento que fue remitido a la Cámara de Diputados.
Con los cambios constitucionales, los ayuntamientos de los municipios podrán integrarse con una sindicatura y hasta quince regidurías; también para el ámbito local, se agrega que el presupuesto de las legislaturas locales no debe exceder del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.
Para las autoridades electorales, el dictamen precisa que no podrán tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal los consejeros, magistrados, secretaros titulares de las órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas.
En el tercero transitorio del proyecto también se establece que el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de ese periodo, una reducción acumulada equivalente al quince por ciento.
En la discusión del dictamen, Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, defendió que la reforma a la revocación de mandato confirma a este mecanismo como una expresión sustantiva del principio de soberanía popular y como instrumento de control democrático; “no es una figura simbólica, es una herramienta que transforma la manera en que se ejerce el poder” por lo que, sostuvo, con esta reforma “el mandato deja de ser inmutable” para estar sujeto al escrutinio de la gente.
Por el PAN, Verónica Rodríguez Hernández señaló que esta reforma “vende” una idea de eliminación de privilegios, pues, acusó, en realidad busca “concentrar el poder” y “vulnerar” el federalismo y la división de poderes, al decidir desde el centro del país la integración de los cabildos municipales sin consultar a los congresos locales.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Manuel Añorve Baños, acusó que lo que se pretende no es autoridad, sino control. “Lo que quieren es que aparezca la presidenta por la puerta de atrás” y así utilizar los recursos de las entidades donde existe afinidad, indicó.
Del PVEM, el senador Waldo Fernández González agregó que la reforma establece límites razonables, plantea una integración más eficiente de los ayuntamientos, establecer máximos a la integración de regidurías y evitar mecanismos de control político.
Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, aseguró que su Grupo Parlamentario acompaña la reforma en lo general, pero precisó que “nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”. Expresó el respaldo de su bancada a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que la coalición que le permitió que llegara al poder “está más firme que nunca” para 2027 y 2030.
Clemente Castañeda Hoeflich dijo que MC tomó la decisión de rechazar el “Plan B”, porque consideran que en términos generales no tiene ningún impacto positivo en la vida positiva de los mexicanos y que el dictamen pretende hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante. Lo más sustantivo y negativo es que desnaturaliza la revocación de mandato, un instrumento de empoderamiento ciudadano.
Los senadores del PAN, Mario Humberto Vázquez Robles, Marko Cortés Mendoza, Michel González Márquez, Imelda Sanmiguel Sánchez, Gina Gerardina Campuzano González y de Movimiento Ciudadano, Amalia Dolores García Medina y Néstor Camarillo Medina expusieron votos particulares a los que no se les dio trámite debido a que no cumplieron con la presentación de un texto alternativo al dictamen, informó la Mesa Directiva.
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