Prohíbe la Legislatura 66 el
arrastre de vehículos por autoridades de tránsito y operadores de grúa
cuando el propietario o conductor de la unidad se encuentre presente.
La
Legislatura 66 aprobó una reforma a la Ley de Tránsito del Estado para
evitar el arrastre de vehículos cuando la persona propietaria o
conductora esté presente y pueda retirar la unidad del lugar.
La
acción legislativa, promovida por la diputada Guillermina Magaly Deandar
Robinson, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, adiciona los
párrafos segundo y tercero al artículo 26 de dicha ley, con el objetivo
de poner fin a prácticas arbitrarias de arrastre de vehículos y
garantizar un trato justo a la ciudadanía.
Al dar semblanza del
dictamen, la diputada destacó que la reforma establece que, si el
conductor o propietario se encuentra en el lugar o llega antes de que la
grúa inicie el traslado, la autoridad deberá abstenerse de retirar el
vehículo o, en su caso, bajarlo de la plataforma sin realizar cobro
alguno por maniobras o arrastre. En estos casos, la sanción únicamente
procederá mediante la boleta de infracción correspondiente.
“Las
sanciones administrativas deben ser idóneas, necesarias y proporcionales
a la falta cometida. Cuando la persona propietaria o conductora se
encuentra presente y puede corregir de inmediato la conducta, el
arrastre del vehículo resulta una medida excesiva”, expresó.
Asimismo,
resaltó que la reforma establece excepciones responsables, si la
persona conductora se encuentra impedida para manejar, ya sea por
intoxicación o por falta de aptitud comprobada, el arrastre podrá
efectuarse con el fin de proteger la seguridad vial.
En la misma
sesión, el Pleno Legislativo también declaró procedentes reformas a la
Ley de Transporte y a la Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas, con
el objetivo de fortalecer la regulación del servicio de arrastre
vehicular y evitar remolques arbitrarios.
Esta acción
legislativa, promovida por la diputada Eva Araceli Reyes González,
establece que las autoridades municipales no podrán celebrar convenios
con empresas de grúas que no cuenten con concesión o permiso vigente
expedido por la autoridad estatal.
“Se han presentado casos en
los que algunos municipios han celebrado acuerdos con empresas de grúas
que carecen de concesión o permiso estatal, situación que ha propiciado
cobros excesivos, remolques sin sustento legal y una percepción de
indefensión entre la ciudadanía”, señaló Reyes González.
La
reforma también dispone la obligación de publicar y exhibir las tarifas
autorizadas por el servicio de arrastre, así como emitir comprobantes
fiscales digitales correspondientes.
Con estas acciones
legislativas, el Congreso del Estado fortalece la regulación del
servicio de grúas, promueve mayor transparencia en su operación y
garantiza que el retiro de vehículos se realice únicamente bajo
criterios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos de la
ciudadanía.
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