H.Congreso de S.L.P.
La activista Olimpia Coral Melo señaló que es necesario legislar en lo local para tener un sistema probatorio eficiente y que las fiscalías y agentes del ministerio público no revictimicen y los magistrados, actúen con perspectiva de género, ya que esa es una cuenta pendiente.
En conferencia de prensa antes de impartir la plática "Prevención y Atención de la Violencia Digital e implementación de la Ley Olimpia”, expuso que gran número de las denuncias por violencia digital no avanzan debido a la dificultad para recolectar pruebas y la falta de colaboración de las plataformas digitales.
Llamó al Congreso del Estado a reconocer “el esfuerzo, trabajo, la investigación de todos, de todas, para que se pueda tener un dictamen favorable para las víctimas, y con base a eso, se le haga el llamado justamente a los entes de procuración y administración de justicia, porque de nada nos serviría tener una ley impoluta, una complementación como la que hoy se está presentando, que tuviéramos incluso una coordinación entre los tres Poderes, si hoy en día una de las cosas que merman el acceso a la justicia a las mujeres en materia de violencia digital es el sistema probatorio”.
Destacó que “al menos en San Luis Potosí existen 200 mercados de explotación sexual digital, espacios públicos y abiertos, en donde se intercambian, se distribuyen, se comercializan fotografías, videos, audios reales o alterados sin la autorización, sin el consentimiento de las personas, y nueve de cada 10 de estos son de mujeres, el 84.2 por ciento de agresiones son de hombres”.
“Pero de nada serviría institucionalmente mermar esto si no le estamos exigiendo a las empresas digitales; hoy una de las propuestas más grandes que tenemos desde nuestra colectividad es hablarle a los dueños de las grandes empresas para que se hagan responsables. Tienen que tener responsabilidades jurídicas, tienen que tener responsabilidades económicas”, añadió.
Olimpia Coral expuso que “armonizar la ley es un primer paso, el generar condiciones para la prevención, para la actualización, para la capacitación de los entes de administración de justicia es otro paso, pero aún así mermáramos todo esto en la utopía institucional del estado, no serviría de nada si en nuestros países no se le exige a las plataformas digitales”.
“El 70 por ciento víctimas que han denunciado y que no tienen las pruebas suficientes para llevar a cabo sus vinculaciones a proceso, dependen de la prueba forense digital que, a su vez, depende de la empresa digital, que no está obligada en nuestro país a coadyuvar”, añadió
Desde la organización Defensoras Digitales, reveló que el 80 por ciento de los casos de víctimas de violencia sexual digital son mujeres que oscilan entre los 14 y 25 años de edad, “pero desgraciadamente hoy en día y cada año hemos visto una tendencia que cada día baja más la edad de víctimas de violencia sexual y de explotación sexual a través de medios digitales. Una de las más preponderantes violencias digitales que se dan, principalmente 72 por ciento de estas son en contra de mujeres universitarias”
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